El TSJ de Andalucía deniega la incapacidad permanente a una trabajadora tras tres años de dolor y tratamiento médico

Blanca Suárez Discapacidad

El TSJ de Andalucía deniega la incapacidad permanente a una trabajadora tras tres años de dolor y tratamiento médico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente a una trabajadora que sufría distintas dolencias y llevaba tres años recibiendo tratamiento médico. La decisión judicial mantiene la denegación de la prestación solicitada por la afectada, que trabajaba como peón agrícola.

El caso reúne varias patologías, entre ellas lumbalgia con afectación discal, una lesión en el tendón del hombro izquierdo y fibromialgia. Pese a la persistencia de los síntomas, el tribunal consideró que todavía existían posibilidades de recuperación funcional mediante tratamientos médicos y otras medidas terapéuticas.

La resolución pone de manifiesto que padecer una enfermedad crónica o soportar dolor durante un periodo prolongado no implica automáticamente el derecho a cobrar una pensión por incapacidad permanente. Para obtenerla, es necesario acreditar cómo afectan las limitaciones médicas a la capacidad para desarrollar una actividad laboral.

Qué enfermedades padecía la trabajadora

La trabajadora desarrollaba su actividad profesional en el sector agrícola, un ámbito laboral que puede exigir esfuerzo físico, movimientos repetitivos y posturas mantenidas durante la jornada. Estas exigencias resultan relevantes al valorar si una enfermedad impide realizar las tareas fundamentales de una profesión.

Entre las dolencias que presentaba figuraban problemas lumbares con afectación discal, una lesión tendinosa en el hombro izquierdo y fibromialgia. La combinación de estas patologías podía dificultar determinadas actividades, aunque su repercusión debía valorarse atendiendo a las limitaciones funcionales acreditadas.

La lumbalgia es el dolor localizado en la parte baja de la espalda. La afectación de los discos intervertebrales puede estar relacionada con procesos degenerativos que, en algunos casos, provocan dolor persistente y dificultades para realizar esfuerzos.

Por su parte, la fibromialgia es una enfermedad crónica que puede provocar dolor generalizado, fatiga y otros síntomas que varían entre pacientes. Su impacto sobre la capacidad laboral no es idéntico en todas las personas y requiere una evaluación individual.

Por qué el tribunal rechazó la incapacidad permanente

La decisión judicial se centró en la situación clínica de la trabajadora y en las posibilidades de mejoría que todavía podían existir. Aunque algunas lesiones presentaban un carácter degenerativo e irreversible, el tribunal consideró que esa circunstancia no descartaba una recuperación funcional.

Según la información publicada sobre el caso, durante la valoración médica se tuvieron en cuenta aspectos como la marcha normal y la conservación de los reflejos musculares. También se señaló que la intervención quirúrgica se había descartado y que podían existir otras opciones terapéuticas.

Estos elementos formaron parte de la evaluación de las circunstancias concretas de la afectada. No significan que una persona con una marcha normal o reflejos conservados no pueda obtener una incapacidad permanente, ya que el reconocimiento depende del conjunto de las limitaciones y de su repercusión laboral.

El tribunal concluyó que no quedaba acreditada una situación que justificara reconocer la prestación solicitada en los términos planteados. Por ello, confirmó la denegación de la incapacidad permanente.

Qué requisitos se tienen en cuenta para reconocer una incapacidad permanente

La incapacidad permanente es una prestación de la Seguridad Social destinada a proteger a los trabajadores cuyas limitaciones anatómicas o funcionales reducen o anulan su capacidad laboral, después del tratamiento prescrito y de la valoración correspondiente.

Para determinar si una persona cumple los requisitos, no basta con identificar una enfermedad o comprobar que lleva años recibiendo asistencia médica. Es necesario analizar la gravedad de las secuelas, su evolución, las posibilidades de recuperación y las tareas que exige la profesión habitual.

En España existen diferentes grados de incapacidad permanente:

  • Incapacidad permanente parcial: ocasiona una disminución relevante del rendimiento en la profesión habitual, sin impedir la realización de sus tareas fundamentales.
  • Incapacidad permanente total: impide realizar las tareas fundamentales de la profesión habitual, aunque permite dedicarse a otra actividad compatible.
  • Incapacidad permanente absoluta: inhabilita para toda profesión u oficio conforme a los criterios legales aplicables.
  • Gran incapacidad: se reconoce cuando, además de las limitaciones laborales correspondientes, la persona necesita la ayuda de otra para realizar actos esenciales de la vida.

El grado que puede reconocerse depende de las circunstancias médicas y laborales de cada expediente. La valoración corresponde a los organismos competentes de la Seguridad Social y, cuando existe una controversia, puede revisarse por los tribunales.

Por qué los informes médicos son importantes

Las personas que solicitan una incapacidad permanente deben aportar documentación que permita conocer su situación clínica y sus consecuencias funcionales. Los informes médicos pueden ayudar a demostrar la intensidad de los síntomas, su frecuencia, la respuesta a los tratamientos y las limitaciones que persisten.

En trabajos físicamente exigentes, también puede resultar relevante acreditar las dificultades para levantar peso, agacharse, permanecer de pie durante periodos prolongados o realizar movimientos repetitivos. La documentación debe reflejar las limitaciones reales de la persona y su relación con las tareas profesionales.

Un diagnóstico, por sí solo, no garantiza el reconocimiento de una pensión. Del mismo modo, que exista un tratamiento disponible no significa necesariamente que la persona pueda recuperar su capacidad laboral por completo.

Por eso, la valoración debe realizarse de forma individual, teniendo en cuenta tanto la enfermedad como sus efectos sobre la actividad cotidiana y profesional.

Qué hacer si la Seguridad Social deniega la prestación

Cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechaza una solicitud de incapacidad permanente, la persona interesada puede examinar los motivos de la resolución y valorar las vías de reclamación disponibles.

En los procedimientos habituales, antes de acudir a los tribunales es necesario presentar una reclamación previa ante el INSS. Como regla general, el plazo para hacerlo es de 30 días desde la notificación de la resolución, aunque conviene comprobar las condiciones concretas indicadas en el documento recibido.

Si la reclamación no prospera, puede existir la posibilidad de presentar una demanda ante el juzgado de lo social. En esa fase, los informes médicos, las pruebas disponibles y la descripción de las limitaciones laborales pueden resultar determinantes.

Es recomendable revisar los plazos con atención y solicitar asesoramiento jurídico o laboral cuando el expediente presente dificultades. La documentación debe centrarse en demostrar cómo afectan las secuelas a las tareas profesionales y no únicamente en enumerar los diagnósticos.

Qué implica esta resolución para otros trabajadores

El caso de la trabajadora agrícola muestra que el dolor persistente, la fibromialgia y las lesiones degenerativas deben analizarse en relación con sus consecuencias funcionales. La duración de los síntomas es un elemento relevante, pero no determina por sí sola el reconocimiento de una incapacidad permanente.

Cada solicitud requiere una evaluación individualizada de la situación médica, las posibilidades de recuperación y las exigencias del trabajo habitual. Por este motivo, contar con informes clínicos detallados y conocer las vías de reclamación puede ayudar a los trabajadores a defender sus derechos.

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